Los impuestos progresivos bajan la criminalidad. El riesgo, clave interpretativa de la modernidad. Una hipótesis sobre el sesgo derechista duro del voto: ciudadanos ilusionados con que el orden autoritario que desean con fervor, apacigüe el desaguisado existencial.
Las preocupaciones actuales de los argentinos pasan por la pobreza y el desempleo. Más específicamente: de cómo no caer en la primera y evitar la guadaña del segundo. Así lo revelan los estudios de opinión púbica que realizan desde consultoras privadas hasta los análisis regulares que sobre la materia emprenden diferentes universidades. La inflación bajó del primer puesto como preocupación. Quedó a la espera de mejores tiempos. Lo que desapareció casi completamente del radar del ciudadano de a pie es el otrora sofocante tema de la “inseguridad”. Los medios le dan poco espacio. O, mejor dicho, no le dan la cobertura que le daban cuando el empleo y la pobreza estaban en las antípodas de la percepción pública actual. El agobio y sofocamiento del caso Loan –de fondo y más allá de sus tristes y lamentables circunstancias- es un denuncia contra el lado más siniestro de la rosca política.
La seguridad apareció como concepto en la nueva reestructuración de los servicios secretos. Seguridad del Estado, ¡uy! Volver a llamar SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) al cenáculo de los espías –con sus connotaciones históricas de temible instrumento de la dictadura o de la represión-, mientras seis legisladores nacionales de la Libertad Avanza visitan reivindicatoriamente a seis condenados por crímenes de lesa humanidad perpetrados cuando reinaba el terrorismo de Estado, sugiere una invitación al desgraciado “vivir peligrosamente”. Algo –por definición- más inseguro, difícil. En esa carrera hacia quien se coloca más a la derecha irracional, se anota la baja de la edad de imputabilidad.
En cambio, poner el foco en la desigual distribución del ingreso y en el papel desempeñado por el Estado, deja en evidencia que es en el código fiscal y no en el código penal donde se encuentra la llave que, al ser accionada en pos de los impuestos progresivos, permite que el flujo criminal descienda ostensiblemente.
No es el enfoque del actual gobierno enraizado en el sentido común imperante. La perspectiva de la economía neoclásica ha influenciado marcadamente la teoría y la práctica criminológica en general y las de este gobierno en particular. La idea del delito como decisión racional domina el debate actual y -sobre todo- la fundamentación de políticas de tipo represivo. La meta sustentada desde esta vertiente del análisis económico ha sido la de incrementar los potenciales costos que deberá enfrentar el delincuente a la hora de delinquir.
Tal visión se plasma en las políticas de contención del delito a partir del aumento de las penas para quienes violan las leyes y del endurecimiento de la represión en un intento por disuadir a los delincuentes. La perspectiva implica, además, que la mayor parte de las acciones y los recursos del Estado se dirigen a fortalecer un sistema punitivo centrado en controlar sólo uno de los términos de la ecuación: la amenaza. Los neoclásicos son consistentes con sus premisas: generan estanflaciones y, cuando aumenta el crimen, el orden establecido se hace el distraído en las noticias y procede a encarcelar la pobreza.
El punto de vista que se sitúa en la vereda de enfrente postula que, si en lugar de ver individuos que se comportan maximizando una función de utilidad sujetos a una restricción presupuestaria -tal es el estándar neoclásico para todo lo que tenga precio- se pone en la mira que los precios relativos se generan a partir de las condiciones objetivas de la producción, el enfoque del problema de la actividad criminal cambia completamente de ángulo. Si la actividad criminal aumenta, se debe a que el salario, la variable predeterminada, independiente del sistema y resultado de la disputa política al interior de cualquier sociedad, es insuficiente para reproducir la vida.
Esa insuficiencia -en una distribución estadística normal- indudablemente crea una situación de vulnerabilidad, encuentra a una minoría de sujetos desesperados y se genera el contexto proclive al delito. De suerte que, determinados grupos de individuos movidos por sus instintos vitales de supervivencia –que en equilibrio y descontando aquellas personas de comportamiento patológico, deberían estar apaciguadas y engarzadas en la trama social de reproducción- abrazan la siempre corta carrera criminal.
Todos esos esfuerzos punitivos realizados para contener la amenaza, independientemente de que resulte necesario e imprescindible proteger la integridad de las personas y su patrimonio, naufragarán en un mar de impotencia si es que no se revisan las causas últimas del problema, que reconoce en la desigual distribución del ingreso una de las principales, sino la principal causa del aumento de la actividad criminal y la sensación de inseguridad asociada.
El énfasis en el concepto de vulnerabilidad viene asociado fuertemente, aunque no de manera unívoca, a la idea de informalidad. Aplicada desde mediados de los años ’70 a las transformaciones que comenzaban a operarse en el mercado laboral, se fue difundiendo a otros ámbitos de la actividad humana, a medida que se hacía evidente el final del ciclo largo de crecimiento de la economía mundial.
El sentido común del garrote
Simplificando la tipología de lo que se aguarda del castigo para el crimen se perfilan cuatro aproximaciones.
- Los condenados que guardan cárcel deben insertarse a un dispositivo pedagógico que inhiba que aparezca de nuevo el comportamiento que los depositó tras las rejas.
- La necesidad del tiempo de encarcelamiento estriba en que impide cometer crímenes a un ser humano predispuesto a las fechorías.
- Si cometió un crimen, hay que castigar con cárcel.
- A medida que las penas se endurecen, el costo de la actividad criminal aumenta y es menos probable que los sujetos abracen la carrera criminal.
El tercer y cuarto criterio, o sea el enfoque punitivo y disuasorio se podría decir que prevalecen en la sociedad argentina (el tercero, el preventivo, medra por ahí), en tanto el primero –el más interesante y más rendidor socialmente-: el rehabilitador, es sinónimo de “progre” boludón. Bien vale entonces preguntarse sobre las razones que nos han traído hasta aquí, que no son precisamente una desatención y un marcado desconocimiento de Michel Foucault y cosas por el estilo. A la par de interrogarnos porque el sentido común cree que garrote y la sombra cuando más grande y más oscura mejor, huelga encontrar una respuesta a porque algo tan importante para la seguridad como son los servicios secretos del Estado sufren una reforma regresiva impulsada por un decreto, sin que se haya discutido una ley en el Congreso. No es nada neutral haber procedido así.
Emergencia del riesgo
Dadas las hipótesis con las que a nivel internacional se abordan las causas que impulsan el avance de la actividad criminal, centradas –sin simplificaciones- en el deterioro del nivel de vida promedio, resulta irónico que, aun sin contar con indicadores fehacientes, es posible suponer que bajo las circunstancias actuales de bruta estanflación, los hechos que el público anteriormente percibía como problema acuciante de inseguridad, se hayan agravado bastante. A estas variaciones en la percepción del crimen –variaciones en rojo apuntaría la literatura- es factible encontrarle un hilo conductor: la emergencia del riesgo como clave interpretativa de la Modernidad.
Mucho se ha escrito al respecto en las últimas décadas, pero nunca han sido tan palpables sus consecuencias y resultados como hasta ahora. Z. Bauman en “Modernidad Líquida”, o más acá en el tiempo en “Miedo Líquido”, plantea la disolución de la Modernidad producto de su ingreso en una etapa de crisis y transición hacia otra forma de organización social aún desconocida en su fisonomía final, que implica para la humanidad enfrentarse a elevados niveles de incertidumbre que generan, a nivel individual, un sentimiento generalizado de miedo frente peligros amenazantes difíciles de identificar o asir. Ese “sentimiento generalizado” lleva a B. C. Han a reflexionar sobre la “Sociedad del Cansancio”. La sociología de Niklas Luhmann, a través de su Teoría de los Sistemas Sociales, aborda el fenómeno del riesgo como algo que se genera desde adentro del sistema y no desde el entorno.
Sin embargo, ha sido otro sociólogo alemán, Ulrich Beck, en su libro “La Sociedad del Riesgo: hacia una nueva Modernidad”, quien probablemente haya hecho la aportación más clara y significativa al utilizar la categoría de “Riesgo” como eje interpretativo de la sociedad contemporánea post industrial.
Para Beck, la ruptura profunda que se produce en la transición desde la sociedad industrial o moderna a la sociedad del riesgo o modernidad reflexiva, sustituye el orden, la jerarquía y la autoridad que caracterizan a la primera, por la incertidumbre y la ambivalencia propias de la sociedad del riesgo, la cual es el producto del triunfo de la racionalidad y la modernización que, en un giro contradictorio, autodestruye en su desarrollo los propios fundamentos que la nimbaban hasta entonces. Esas consecuencias no deseadas se traducen en riesgos difíciles de gestionar y administrar. Se trata de amenazas globales, imprevisibles, incontrolables y de magnitud incalculable.
¿Será por eso que, por ejemplo, al cambio climático, a los problemas del crecimiento económico, a las amenazas globales imprevisibles e incontrolables, Occidente le está respondiendo con un comportamiento electoral de sus ciudadanos con sesgo derechista duro, ilusionados con que el orden autoritario que desean con fervor, apacigüe el desaguisado existencial?
El mismo Beck manifiesta que “De la diferencia entre riesgo (como acontecimiento anticipado) y catástrofe (como acontecimiento efectivo) se deriva otro momento: es irrelevante si vivimos en un mundo ‘objetivamente’ más seguro que los que le precedieron, la anticipación escenificada de destrucciones y catástrofes hace de la prevención un deber. Especialmente para el Estado, que al tener por misión preferente la seguridad de sus ciudadanos, se ve obligado a la anticipación y a la previsión, incluso cuando las instancias competentes (científicas, militares o legales) no disponen de los medios para ello porque su posibilidad de responder a riesgos globales se ve reducida al horizonte del Estado nacional”.
El “no hay plata” oficialista no es excusa, y las soluciones del “mercado” un verso, pero buena parte del electorado sigue encandilado con la deriva autoritaria para que se cumpla con el deber de la prevención y los bárbaros se alejen de las puertas de Roma. Es por esa clase de percepción que en el debate público sobre el aumento de la actividad criminal aparecen, patrulleros, manos duras, manos blandas, leyes penales, menores imputados y emociones exaltadas, pero las soluciones de fondo, por ejemplo, cobrar más y de mejor manera los impuestos, brillan por su ausencia. El debate público en la Argentina sobre el crimen está como los seres humanos primitivos queriendo explicar el rayo de la tormenta.
Percibida como problema
La inseguridad pública no será percibida como problema en su total dimensión, si el colectivo social simplemente la entiende como un asunto que refleja el desvío en el comportamiento esperado de ciudadanos irracionales, sin relacionarlo con los avatares de la edificación del Estado igualitario moderno. Bajo estas circunstancias es posible explicar que el tema inseguridad pega en las encuestas de preocupaciones ciudadanas en proporción a la manija que le dan los medios amplificados por las redes sociales.
Mr Edward Hyde es una constante al igual que el Dr. Henry Jekyll. Conviven y aunque la bestia no predomine, siempre se pueden exacerbar las noticias para que el público compre el gato de la inseguridad por la liebre de los gobiernos populares y su loca pretensión de encarecer el valor de la fuerza de trabajo.
El punto es el Estado igualitario moderno. El igualitarismo moderno engloba tres asuntos. Primero, que la comunidad nacional funciona mejor en tanto se opere eficazmente una transferencia de ingresos de los ricos a los pobres. Segundo, la convicción de que es el Estado el único instrumento para tal transferencia. Tercero, que es la puesta en marcha del conjunto de políticas públicas las que hacen efectiva y estable la redistribución del ingreso.
Siguiendo estas afirmaciones, la variación de la actividad criminal depende de un conjunto de factores o vulnerabilidades sociales, entre las que cabe mencionar en primer término, la desigual distribución del ingreso, sin olvidar el avance de la informalidad en el mundo del trabajo, los circuitos del dinero sucio asociados a la economía informal, el avance del crimen organizado internacional y la crisis del Estado; todo lo cual termina por configurar la matriz de producción de inseguridad en la sociedad del riesgo global.
Visto así el proceso, el problema de la inseguridad pública se entiende como la amenaza de actividad delictiva dirigida contra el patrimonio y contra la vida humana, que surge como el emergente de un conjunto de factores ligados a vulnerabilidades sociales, en un entramado que revela la naturaleza de un fenómeno que afecta la vida cotidiana, tanto en la faz individual como colectiva.
En este sentido, el riesgo a ser víctimas de un delito, se observa como dependiendo de dos elementos que forman parte de la misma ecuación: Amenaza y Vulnerabilidad. Y, el ser victimario, no es generado indefectiblemente por situaciones de privación económica. Eso es una simplificación no respaldada en los hechos. El asunto es bastante más denso. En determinados escenarios de vulnerabilidad social, es altamente probable observar la configuración de contextos proclives al delito.
Amenaza y vulnerabilidad
El desarrollo de la sociedad industrial, habría conducido de manera progresiva a un orden social que, en su fase final de evolución, se ha caracterizado por una regulación política ineficaz que repercutió aminorando la incumbencia de las instituciones de control y protección social, produciendo riesgos de una magnitud nunca antes vistos.
En consecuencia, plasmar una matriz de producción de inseguridad en la sociedad del riesgo global, conlleva revisar aquellos fenómenos socioeconómicos que vuelven a las sociedades vulnerables a la proliferación del delito; en particular la trama fiscal.
Si no se encuentran presentes condiciones reales de vulnerabilidad, la amenaza queda reducida a los delitos comunes y de ningún modo se configura un escenario de inseguridad generalizada propio de los desarrollos que se han efectuado a la luz de los conceptos de la sociedad del riesgo. En este caso, no se estará en presencia de una situación de riesgo.
En resumidas cuentas, si se controlan o mitigan los elementos de vulnerabilidad, se reduce significativamente la probabilidad de que se configure un escenario que dé cuenta de una situación de riesgo. Luego, pretender disminuir la percepción de riesgo mediante el expediente de controlar la amenaza, sin tener presente el valor de verdad de la vulnerabilidad social, deviene en un procedimiento contrario al razonamiento lógico.
El crimen, o más exactamente el aumento operado en la actividad criminal, es un síntoma de la crisis de la sociedad y del Estado argentino en el sentido que su proceso político frena en vez de alentar la edificación de un Estado igualitario moderno. El aumento de la actividad criminal así lo refleja. El silencio, cuando monta, es parte del problema; al igual que la vocinglería proferida para deslegitimar políticas de sesgos igualitarios.
En un escenario así, es dable esperar una crisis alrededor del sentido de legitimidad democrática que termine cuestionando al propio Estado en su función de garante del bien común. Y en nombre del mercado –como idea genuina para sus partidarios, como coartada para sus beneficiarios- se van dando las condiciones para que se ceda el monopolio del uso de la fuerza a manos de mafias y bandas armadas que pasan a tomar el control, en primer lugar, de la economía informal e ilegal, para luego expandirse a la economía legal. Por ahí la vieja-nueva SIDE encontró su destino manifiesto.
De esta forma, se multiplican el delito y la inseguridad atentando contra una de las funciones básicas del Estado moderno, que es la consolidación de la unidad económica en un espacio común a través de su capacidad de regular y dirigir la actividad económica dentro de sus fronteras. Luego, la pérdida de la capacidad para recolectar impuestos e impartir justicia se sigue como corolario infausto de una estatalidad en crisis.
A partir de ese momento, el Estado se convierte en el elemento motor de la vulnerabilidad, sustancia clave de la matriz de producción de inseguridad en la sociedad de riesgo global.