La nueva política prevé la articulación de diversos instrumentos de Estado, como líneas de crédito especiales, recursos no-reembolsables, acciones regulatorias y de propiedad intelectual, además de una política de obras públicas tendiente a mejorar las infraestructuras.
Está claro que ciertas naciones de la periferia impulsan con fuerza sus procesos de industrialización para alcanzar mayores cotas de independencia y bienestar. Igualmente, es evidente que, en no pocas naciones de las áreas centrales que daban por superado el papel estratégico de la actividad industrial, se estaban revisando estas posturas y planteando programas de re-industrialización.
En nuestro país esta cuestión, como no podía ser de otra manera dado el perfil de las principales espadas del actual gobierno, no existe. O peor aún, en la práctica se estarían adoptando todas las medidas necesarias para terminar de hundir o desconectar dichas actividades esenciales para un proyecto de desarrollo nacional con carácter social inclusivo.
Nuestro principal socio en el Mercosur, mientras tanto, bajo la nueva administración de Luiz Inácio Lula da Silva, reinstala la política industrial como un punto estratégico de su agenda. Superando la mera retórica, adopta medidas concretas para lograr un impulso aceptable a los desafíos internos y externos.
El programa Nova Industria Brasil, anunciado por el propio Lula el 22 de enero pasado, busca revertir la desindustrialización precoz del país, e impulsar “el desarrollo nacional, hasta el 2033, con sostenibilidad e innovación”. La nueva política prevé la articulación de diversos instrumentos de Estado, como líneas de crédito especiales, recursos no-reembolsables, acciones regulatorias y de propiedad intelectual, además de una política de obras públicas tendiente a mejorar las infraestructuras.
Los recursos financieros volcados hasta el 2026 rondan los 300 mil millones de reales, y seis son las áreas o “misiones” establecidas como prioritarias, según muestra la ilustración. De efectivizarse este esfuerzo financiero, estaríamos hablando de una inyección de aproximadamente 60.000 millones de dólares.
Fuente: Ministerio do Desenvolvimiento, Industria, Comercio e Servicios. gov.br
El contenido de cada una de estas áreas no está cerrado, y aún debe ser desarrollado. Es una labor donde participan tanto los distintos sectores privados implicados, como varias instituciones estatales comandadas por el CNDI (Consejo Nacional de Desarrollo Industrial).
Es interesante, para tener una idea de la metodología que se busca emplear para lograr dichos objetivos, ver por ejemplo lo estipulado para la Misión Uno. Así, para la próxima década se debe lograr una mecanización del “70% de los establecimientos de agricultura familiar”, cuando actualmente solamente el 18% lo está. Esta mecanización incluye “equipos para la agricultura de precisión, maquinas agrícolas para la gran producción” y para ampliar y optimizar la capacidad productiva de la agricultura familiar con el fin de producir alimentos saludables. Esto significa una demanda considerable de productos industriales y, la Misión Uno establece, que “el 95% de estas máquinas deben ser producidas nacionalmente”.
Pero además de estos objetivos y los fondos asignados, el programa utilizará el potencial de compras públicas para estimular el desarrollo de sectores considerados estratégicos para la industria brasileña.
El Presidente Lula firmó dos decretos que fortalecen esta herramienta. El primero definió áreas que podrán quedar sujetas a exigencia de adquisición o tener margen de preferencia para productos nacionales en las licitaciones del Nuevo PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento).
El segundo decreto firmado por el Presidente crea la Comisión Interministerial de Compras Públicas para el Desarrollo Sostenible (CICS) y define los criterios para la aplicación de márgenes de preferencia para productos manufacturados y servicios nacionales y para bienes reciclados, reciclables o biodegradables.
Desde una perspectiva de construcción nacional, este tipo de política merece nuestro reconocimiento. Pero si ponemos en paralelo a esta estrategia brasileña las medidas de desmantelamiento de nuestro Estado dentro de un proceso de integración como el Mercosur, los resultados para nuestros trabajadores y empresas industriales no serán halagüeños. Un proceso de integración realmente efectivo, además de lógicas complementaciones y profundización del intercambio comercial, debe servir para potenciar las ventajas dinámicas de todos sus integrantes, donde éstos se apoyan mutuamente para innovar, generar mayor valor agregado y mejores condiciones laborales.
Con estas asimetrías conceptuales y de recursos, se corre el riesgo de que el proyecto termine –así no lo busquen los socios de manera consciente- creando a nivel interno del Mercosur parecidas relaciones que, casualmente, la unión buscaba romper.
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